En la actualidad existen alrededor de tres mil niños en riesgo de apatridia en nuestro país. Nacieron en Chile, pero al ser hijos de extranjeros declarados como “transeúntes”, no han podido optar a la nacionalidad, haciendo difícil su acceso a servicios básicos como educación y salud.
A pesar que, en agosto de 2014 la Corte Suprema reconoció la existencia de una interpretación errónea de la ley que aseguraba la nacionalidad para todos los niños nacidos en territorio chileno, quedaron sin documento todos los nacidos antes de ese año.
En este escenario, la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP, junto a la Clínica de Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado y al Servicio Jesuita a Migrantes -financiados por la Open Society Justice Initiative-, comenzaron una investigación que buscó reclamar los derechos cívicos de los hijos de migrantes en situación irregular.
Con un trabajo en terreno iniciado hace dos años, concluyeron que existía un gran porcentaje de hijos de migrantes que vivía en las regiones de Arica y Parinacota, y la de Tarapacá, fundamentalmente pertenecientes a comunidades aymara. Con esta información, las clínicas presentaron un recurso de reclamación de nacionalidad, lo que llevó a que 167 niños ahora figuren como chilenos en el Registro Civil.
El proyecto se encuentra hoy en su segunda etapa, donde busca rectificar el resto de los casos que quedan aún por resolver; sumándose a este trabajo investigativo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Registro Civil.
Al respecto la abogada y directora de la Clínica de Migrantes y Refugiados UDP, Delfina Lawson, señaló que “esto es un ejemplo de un trabajo de la sociedad civil que está generando un impacto en la política pública. Lo que es importante y este proyecto lo refleja, es reconocer que una política migratoria no es solamente un proyecto de ley, sino que se construye a través de muchas iniciativas”.
“Creemos que se han realizado muchos avances en los últimos años, en materia migratoria en Chile. Pero es importante, previendo que eventualmente podría haber un cambio de gobierno, cristalizar estos cambios y que no se pierdan”, agregó.
El Director del Magíster en Derecho Internacional de Derechos Humanos UDP y ex Relator sobre Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe González, sostiene que la Clínica de Migrantes y Refugiados UPD “ha sido un actor fundamental para que se adopte una ley en Chile en esta materia, combinando lo latinoamericano y lo interno con la idea de que la legislación en las prácticas chilenas se debe adecuar a los estándares internacionales”.
