El tribunal multilateral consideró que el país incumplió con sus obligaciones internacionales al condenar al abogado Carlos Baraona por injurias y calumnias, y llamó al Estado a revisar su legislación.
Tras más de 10 años de tramitación, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos falló a favor de una reclamación patrocinada por la Clínica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, condenando al Estado Chileno por atentar contra la libertad de expresión y llamándole a revisar su legislación.
En el caso, la clínica UDP representaba al abogado Carlos Baraona, quien en 2004 fue condenado por injurias y calumnias tras una demanda presentada por el entonces senador Sergio Páez, hoy fallecido. El profesional había emitido declaraciones en medios de comunicación, apuntando al rol del legislador en facilitar la tala ilegal de alerces en la Región de los Lagos. Un año después, la clínica llevó el caso al Sistema Interamericano, donde fue revisado por la Comisión y, luego, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“La CIDH dice que esta actuación del sistema judicial chileno, al condenar a este hombre por injurias, violó su libertad de expresión”, explica el abogado y académico Cristián Riego, director de las Clínicas Jurídicas UDP. Agrega que el fallo apunta a que “castigar la crítica política y la información sobre hechos de interés público, como que había funcionarios involucrados en proteger un acto ilegal, es una represión ilícita de la libertad de expresión, inconsistente con las obligaciones internacionales de Chile”.
El fallo del tribunal internacional, con sede en San José, Costa Rica, también apunta a la necesidad de que el país modifique su legislación sobre injurias y calumnias, para evitar que se sanciona a un rol ciudadano legítimo, como es denunciar malas prácticas o corrupción por parte de funcionarios públicos.
“Yo diría que este caso representa una última etapa en la evolución de la concepción de libertad de expresión en Chile tras la dictadura, que ha tenido modificaciones legislativas, algunas de ellas también por fallos de la CIDH”, señala Riego. “Estos delitos de injuria son demasiado amplios (…) Si existen estos tipos penales, deberían establecer reglas más precisas para que la crítica política y la denuncia de la corrupción estén protegidas adecuadamente”, sentencia.
Puedes leer el fallo de la CIDH en este link.
También puedes revisar la entrevista al profesor Cristián Riego en Interferencia aquí.
